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Primeramente se rechaza, categóricamente, que la administración del Poder Judicial esté haciendo mal uso de los recursos presupuestales, como infundada y dolosamente se señala en la “denuncia pública virtual”, que circula en las redes sociales, firmada, según se dice, por “La asociación de Proyectistas, Secretarios de Acuerdos y demás Personal jurisdiccional”; y, en segundo lugar, se desaprueba totalmente el lenguaje y las formas de conducirse para hacer este tipo de gestiones o reclamos. El lenguaje y la comunicación soeces no debieran ser propios de quienes auxilian o imparten justicia.
De manera concreta, ante las exigencias del pago del estímulo del Día de las Madres por parte de algunas madres trabajadoras que no han sido beneficiadas, es importante puntualizar lo siguiente:
Ese estímulo no forma parte del salario integrado ni de las prestaciones laborales; se entrega como un reconocimiento al esfuerzo realizado por las madres trabajadoras, al combinar un doble rol, de madres y de servidoras públicas.
Dicho estímulo, en sus orígenes, se entregaba sólo al personal administrativo de las categorías más bajas; sin embargo, con el paso del tiempo, fue escalando a trabajadoras con percepciones más altas. De tal forma que, en los últimos años, se ha venido entregando, sin excepción, a todas las madres trabajadoras del Poder Judicial.
El importe de este estímulo, como los demás que se pagan a la base trabajadora, se incluyen en el proyecto de Presupuesto de Egresos de cada año fiscal. Sin embargo, para esos efectos, el monto se calcula considerando las cantidades específicas a cubrir, y el nivel salarial de las madres a quienes se deba pagar, tal como se proyecta en la Administración Central.
En ese contexto, en este año fiscal, el estímulo pagado se homologó, en su monto y nivel salarial de las beneficiarias, al que se entregó en la Administración Central y Paraestatal de la entidad. Es decir, conforme a lo presupuestado.
Por tanto, con ello, se benefició a las madres trabajadoras que menos ingresos perciben, concretamente a las que tienen un salario bruto igual o menor a 17 mil pesos mensuales.
De esta manera, se han favorecido a 658 madres trabajadoras; y, al efecto, se han erogado 5 millones 954 mil 900 pesos.
El número de madres trabajadoras que no han sido beneficiadas con dicho bono asciende a 292, por lo que, de pagarse, representará una erogación de 2 millones 642 mil 600 pesos.
Cabe señalar, también, que los sueldos que se pagan en el Poder Judicial del Estado, desde la categoría más baja hasta la más alta, se ubican en la media nacional con respecto al resto de los poderes judiciales del país.
El Poder Judicial refrenda su compromiso con la sociedad de seguir haciendo sus mejores esfuerzos para prestar, cada día, un mejor servicio de impartición de justicia, así como con la base trabajadora para mejorar sus condiciones laborales, pero, sobre todo, con las y los que menos ingresos perciben.
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Para el superior conocimiento de los justiciables de Guerrero y para la comunidad jurídica en la entidad.
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Porque el manejo correcto y transparente de los recursos públicos en parte de una administración eficaz, este día se reunieron el Magistrado Presidente Alberto López Celis, titular del Poder Judicial del Estado y el director de Administración y Finanzas, Rafael Cancino Calvo, con el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) Alfonso Damián Peralta, donde se firmó el convenio número: 2019-A-CF-02/01-009-2020 para el inicio de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al año 2019
Al hacer uso de la palabra, el maestro Cancino Calvo puntualizó que desde que él está al frente de la Dirección de Administración, todos los trabajos que se han llevado a cabo con la ASE han sido en un ambiente de respeto, de transparencia y camaradería, pero aclaró que no por ello se han registrado incidentes o insinuaciones.
Agregó que el personal ha sido respetuoso y transparente en su trabajo; y lo mismo dijo del personal del Poder Judicial.
En cuanto al tema de la cuenta pública, garantizó que en breve se estará entregando, ya que justo en la última reunión del Consejo de la Judicatura se acordó que en cuanto se tengan listos los documentos debidamente pormenorizados, se acudirá a entregarla.
Atestiguaron el acto, por parte del Poder Judicial el magistrado consejero Alfonso Vélez Cabrera, el juez consejero Ricardo Salinas Sandoval y el consejero Luis Alberto Montes Salmerón.
Como parte de los integrantes del área de administración del Poder Judicial firmaron la contadora Érika Soraya Vélez Bernal, jefa del departamento de Contabilidad y Presupuesto; Jannet Coral Popoca Molina, jefa de Recursos Humanos.
Por la Auditoría Superior del Estado signaron el convenio Luis Javier González Guerrero, auditor especial, sector Gobierno; así como Liliana Inés Cabrera Domínguez, titular del Órgano de Control Interno de la ASE, entre otros.
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El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis, acompañado del Secretario General del SUSPEG, David Martínez Mastache, de los Consejeros de la Judicatura, Alfonso Vélez, Luis Montes, Ricardo Salinas y del director de administración del TSJ Rafael Cancino, hizo entrega de 35 bases a trabajadores del Poder Judicial, a quienes exhortó a seguir laborando como lo hicieron hasta ahora, los felicitó por su nuevo nombramiento y por su entrega que realizan día a día por el bien de la institución.
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